No hay crédito para lugares comunes sobre manidas guerras del agua (advertidas ad náusea). La escasez es una falla institucional y tecnológica que puede resolverse de manera eficiente con los instrumentos adecuados de política. No hay tal fatalismo hídrico más allá de desplantes teatrales o periodísticos. Claro, hay regiones mucho más propensas que otras a la escasez por razones fisiográficas, económicas o demográficas. Ahí, es de los políticos de quien debe esperarse audacia, honestidad y fuertes capacidades de diálogo y decisión.
La sobreexplotación de acuíferos es un típico problema de bienes públicos o recursos comunes por ausencia de regulación apropiada, por subsidios a la electricidad para bombeo y por la propia gratuidad del agua. Desde luego, en el contexto de una asignación ineficiente del recurso, vinculada a la inexistencia de mecanismos de intercambio de derechos (mercado) transparentes y con bajos costos de transacción. En muchas regiones del país, se perpetúa así el derroche del agua en modalidades arcaicas de irrigación (recordemos que alrededor de tres cuartas partes del agua en México son consumidas por el riego agrícola) y se inhibe la modernización tecnológica del riego. Además, se obstruye su transferencia a usos más productivos en la industria, los servicios, las ciudades o en ecosistemas acuáticos. El agotamiento de acuíferos por el riego agrícola ya es un problema irreversible en casos críticos (La Laguna, Guanajuato). Y la falta de agua será restricción funcional al desarrollo económico en numerosas regiones del centro y norte del país si no se toman decisiones de manera inmediata.
Por su lado, la escasez y la mala calidad de los servicios de agua en la mayor parte de las ciudades de México se explican por clientelismo; debilidad fiscal; gobiernos municipales efímeros y corruptos; burocracias sindicales; manipulación política de precios o tarifas, así como por falta de profesionalización, transparencia y autonomía en los organismos operadores. Tan es así, que la mayor parte de las ciudades que se destacan por una gestión eficiente del agua para servicio público urbano se encuentra en áreas consideradas de notable estrés hídrico (Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, León, Tijuana). Las ciudades que ocupan los últimos lugares en desempeño, curiosamente, en su mayoría, se ubican en áreas de relativa abundancia (Villahermosa, Oaxaca, Mérida, Acapulco, Xalapa, Veracruz). La zona metropolitana del valle de México se encuentra a horcajadas entre mala gestión y cierto estrés fisiográfico. Téngase en cuenta que, de acuerdo con el Artículo 115 constitucional, los servicios de agua, drenaje y tratamiento son facultades municipales pero deben de cumplir con normas y reglamentos federales.
Aunque hay algunos avances, sobre todo, en ciudades del centro y norte del país y próximamente en el valle de México, las aguas residuales urbanas sin tratamiento contaminan de forma severa ríos, lagos, aguas costeras e impiden el reuso productivo del líquido en actividades económicas diversas, además de devastar ecosistemas acuáticos. Hay normatividad -por cierto, con más de 15 años de edad- pero no se hace cumplir por parte de la Comisión Nacional del Agua. Muchos gobiernos municipales vierten con total impunidad sus miasmas líquidos a través de drenajes formales, emisores en el mar, simples escorrentías o descargas clandestinas.
De la misma forma, actúa la industria azucarera; buena parte de los aproximadamente 60 ingenios que operan en México envenenan nuestros caudalosos ríos tropicales en la Huasteca, en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Colima, Nayarit y otros estados. La justificación es social... Es una industria no competitiva y corporativizada, no hay recursos para invertir en biodigestores u otros sistemas... Los ingenios tendrían que cerrar... Habría desempleo.
El escenario es una relación de cliente-proveedor y de conflicto de interés entre la Comisión Nacional de Agua, por un lado, y agricultores organizados en distritos y unidades de riego, gobiernos municipales y organizaciones corporativas, por el otro. Hay captura regulatoria. Por lo general, no hay vigilancia ni sanciones y no se ejercen las facultades que se establecen en diversos instrumentos legales. Esto, independientemente de las funciones vitales que la Comisión Nacional del Agua pueda cumplir en la construcción, financiamiento, apoyo, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica estratégica a escala regional.
El drama no se salda con la creación de una Secretaría del Agua; sólo así sería una fuga cosmética. No es un problema de jerarquía o de nombre. Es, esencialmente, un problema de regulación en descargas de aguas residuales y calidad de los cuerpos de agua, desempeño y calidad del servicio público urbano, así como uso sostenible de acuíferos subterráneos. Hacia allá deben enfocarse los cambios necesarios.
Fuente: El economista
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No hay crédito para lugares comunes sobre manidas guerras del agua (advertidas ad náusea). La escasez es una falla institucional y tecnológica que puede resolverse de manera eficiente con los instrumentos adecuados de política. No hay tal fatalismo hídrico más allá de desplantes teatrales o periodísticos. Claro, hay regiones mucho más propensas que otras a la escasez por razones fisiográficas, económicas o demográficas. Ahí, es de los políticos de quien debe esperarse audacia, honestidad y fuertes capacidades de diálogo y decisión.
La sobreexplotación de acuíferos es un típico problema de bienes públicos o recursos comunes por ausencia de regulación apropiada, por subsidios a la electricidad para bombeo y por la propia gratuidad del agua. Desde luego, en el contexto de una asignación ineficiente del recurso, vinculada a la inexistencia de mecanismos de intercambio de derechos (mercado) transparentes y con bajos costos de transacción. En muchas regiones del país, se perpetúa así el derroche del agua en modalidades arcaicas de irrigación (recordemos que alrededor de tres cuartas partes del agua en México son consumidas por el riego agrícola) y se inhibe la modernización tecnológica del riego. Además, se obstruye su transferencia a usos más productivos en la industria, los servicios, las ciudades o en ecosistemas acuáticos. El agotamiento de acuíferos por el riego agrícola ya es un problema irreversible en casos críticos (La Laguna, Guanajuato). Y la falta de agua será restricción funcional al desarrollo económico en numerosas regiones del centro y norte del país si no se toman decisiones de manera inmediata.
Por su lado, la escasez y la mala calidad de los servicios de agua en la mayor parte de las ciudades de México se explican por clientelismo; debilidad fiscal; gobiernos municipales efímeros y corruptos; burocracias sindicales; manipulación política de precios o tarifas, así como por falta de profesionalización, transparencia y autonomía en los organismos operadores. Tan es así, que la mayor parte de las ciudades que se destacan por una gestión eficiente del agua para servicio público urbano se encuentra en áreas consideradas de notable estrés hídrico (Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, León, Tijuana). Las ciudades que ocupan los últimos lugares en desempeño, curiosamente, en su mayoría, se ubican en áreas de relativa abundancia (Villahermosa, Oaxaca, Mérida, Acapulco, Xalapa, Veracruz). La zona metropolitana del valle de México se encuentra a horcajadas entre mala gestión y cierto estrés fisiográfico. Téngase en cuenta que, de acuerdo con el Artículo 115 constitucional, los servicios de agua, drenaje y tratamiento son facultades municipales pero deben de cumplir con normas y reglamentos federales.
Aunque hay algunos avances, sobre todo, en ciudades del centro y norte del país y próximamente en el valle de México, las aguas residuales urbanas sin tratamiento contaminan de forma severa ríos, lagos, aguas costeras e impiden el reuso productivo del líquido en actividades económicas diversas, además de devastar ecosistemas acuáticos. Hay normatividad -por cierto, con más de 15 años de edad- pero no se hace cumplir por parte de la Comisión Nacional del Agua. Muchos gobiernos municipales vierten con total impunidad sus miasmas líquidos a través de drenajes formales, emisores en el mar, simples escorrentías o descargas clandestinas.
De la misma forma, actúa la industria azucarera; buena parte de los aproximadamente 60 ingenios que operan en México envenenan nuestros caudalosos ríos tropicales en la Huasteca, en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Colima, Nayarit y otros estados. La justificación es social... Es una industria no competitiva y corporativizada, no hay recursos para invertir en biodigestores u otros sistemas... Los ingenios tendrían que cerrar... Habría desempleo.
El escenario es una relación de cliente-proveedor y de conflicto de interés entre la Comisión Nacional de Agua, por un lado, y agricultores organizados en distritos y unidades de riego, gobiernos municipales y organizaciones corporativas, por el otro. Hay captura regulatoria. Por lo general, no hay vigilancia ni sanciones y no se ejercen las facultades que se establecen en diversos instrumentos legales. Esto, independientemente de las funciones vitales que la Comisión Nacional del Agua pueda cumplir en la construcción, financiamiento, apoyo, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica estratégica a escala regional.
El drama no se salda con la creación de una Secretaría del Agua; sólo así sería una fuga cosmética. No es un problema de jerarquía o de nombre. Es, esencialmente, un problema de regulación en descargas de aguas residuales y calidad de los cuerpos de agua, desempeño y calidad del servicio público urbano, así como uso sostenible de acuíferos subterráneos. Hacia allá deben enfocarse los cambios necesarios.
Fuente: El economista
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