Fuente: Oriana Ortiz Vindas | 2013-11-29 Foro sobre aguas residuales. Oriana Ortiz.
San José, 29 nov (elpais.cr) - "Hemos hecho un crimen ambiental con nuestros ríos"; actualmente no podemos captar agua de los ríos y estamos permitiendo que las aguas negras se sigan infiltrando en nuestros acuíferos.
Esas fueron las palabras con las que el experto Luis Diego Solera, inició su análisis sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica, en el I Primer Congreso de Derecho Ambiental.
Según el Informe del Estado de la Nación, en el 2001 solamente el 5% se aguas eran tratadas, ahora en el 2013 se ha aumentado a un 10%.
Existen 49 plantas de tratamiento inventariadas y solamente 14 sistemas cuentan con registros. El valle central es donde se le da menos tratamiento al agua.
Sobre aguas domésticas, de 4 a 16 plantas cumplieron con el decreto sobre reglamento de vertidos según datos del 2012. Además, 250 grandes generadores de aguas residual en la capital vierten el agua sin tratamiento en los ríos tributarios del Grande de Tárcoles informó la Contraloría General de la República, en el 2013.
Las playas con más alto riesgo de contaminación son El coco, Tamarindo, Jacó, Espadilla, Punta Leona y Puerto Viejo.
"¿Y yo me pregunto no se supone que el municipio como administrador de los fondos cantonales y del cobro del servicio de alcantarillado público no deberían ser los administradores de este tipo de plantas? ¿O a donde se van esos fondos?”, señaló enfático Solera.
Existe una extensa tramitología que entorpece el proceso exhortó Solera. Para que se gestione una planta de tratamiento se tienen que pasar por una larga lista de entidades, que están involucradas en su regulación, como la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas, el CFIACR, Ley 8932, el Ministerio de Salud, municipalidad; y según el caso específico otros como Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Incofer.
Estos trámites pueden tardar de un mínimo de 6 meses a un año. Es hora de que Costa Rica le dé a este tema la prioridad que merece, ya que solo aproximadamente el 30% de las plantas presenta reportes de operación y no existe la garantía de que se les dé un tratamiento adecuado a las aguas.
Actualmente, existe un proyecto en Nueva Cinchona, de una planta de tratamiento, construida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y enfrentan el problema de que el AyA no quiere asumir la administración del mismo.
Otro aspecto importante a considerar es que se necesitan más profesionales con especialidad en Ingeniería sanitaria comentó Solera.
Hay que invertir en capacitación, en instalar colectores sanitarios y pluviales independientes; en sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos. A su vez, definir claramente la estructura de la responsabilidad en cuanto a esas aguas de tratamiento, establecer monitoreo o auditoría mínimo una vez al año y mejorar las bases de datos del registro nacional sobre el estado del tratamiento de las aguas, en cuanto a cantidad, tipo, cargas, calidad de vertido, en entre otras características recomendó el Analista.
El objetivo principal del Congreso de Derecho Ambiental fue realizar una revisión de la legislación que actualmente tiene el país en materia ambiental. Además se estará haciendo una propuesta para una actualización conforme los principios de sostenibilidad desde una perspectiva interdisciplinaria, que se estará entregando a los candidatos a la Presidencia de Costa Rica para que sea incluida en su plan de Gobierno.
El Colegio de Abogados junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, Viceministerio de Mares, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; fueron los organizadores de este congreso, durante los días 20, 21 y 22 de noviembre.
Fuente: El país.cr
