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La gobernanza del agua

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Consumismos desde hace décadas de forma creciente y continua, más biomasa de la que la tierra produce.

En este artículo brevemente comentaré algunas de las declaraciones y conclusiones expuestas durante el Seminario Internacional de Gobernanza del Agua, que se realizó en nuestro país hace apenas unos cuantos días. Expertos en la gestión de los recursos hídricos, particularmente en el área técnica y financiera de varias partes del mundo, nueve países para ser exacto, debatieron sobre las amenazas muy serias que se observan sobre la disponibilidad del agua potable en el planeta.

A mi juicio, la riqueza de ese encuentro de especialistas, convocados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), fue la forma como se analizó a los servicios del agua; no se limitó a ver el problema sólo desde la perspectiva económica, es decir desde los indiscutibles principios de escasez o abundancia suficiente, ni tampoco financiero de presupuestos equilibrados en la administración del imprescindible y natural insumo; fueron más allá, y hablaron de asuntos relacionados con la política, capacitación técnica y cultura de la ciudadanía.

La política, desde su punto de vista, tiene que ver con la gobernanza del agua. Esto es, la capacidad institucional, los marcos legales, regulatorios y distribución de recursos monetarios en la búsqueda apremiante de soluciones equitativas y racionales. Sin lugar a dudas, todos esos factores deben estar presentes en la formulación de las políticas públicas, particularmente a la hora de aprobar, condicionar o cancelar proyectos de inversión.

Entonces la toma de decisiones depende del gobierno, pero no es el único actor que participa, sino también intervienen, y aunque parezca obvio decirlo, los organismos operadores del agua y los consumidores. Enseguida trataré de explicar desde la óptica de la planificación económica, y apoyándome en la metáfora de una figura geométrica: el triángulo, en donde sus tres vértices representan: el gobierno; la administración y los usuarios.

GOBIERNO. Desde 1983, que se municipalizó el servicio del agua en la mayoría de las ciudades mexicanas las condiciones financieras y operativas de las empresas cambiaron, porque implicó transferir la administración a los gobiernos locales (municipios), las entidades federativas cedieron esa importante función y los resultados después de casi 30 años no han sido los esperados.

Al atomizar o fragmentar el suministro del servicio, mediante la creación de compañías "independientes", inclusive en zonas urbanas conurbadas, las economías de escala tienden a desaparecer y la primera consecuencia de ello es la inviabilidad técnica y financiera de construir proyectos de largo aliento, pensados en un horizonte de tiempo mayor al de las administraciones municipales, estatales o federales.

Asociado con ello, está la débil capacidad municipal, las segmentaciones institucionales y los marcos regulatorios anacrónicos, que conducen a una "antilógica económica". Un ejemplo de ello lo tenemos en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. En cada municipio existe una empresa con políticas y objetivos diferentes.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES. Las empresas encargadas de administrar el agua domiciliaria en las poblaciones del país, han mostrado graves irregularidades en su eficiencia comercial, generalmente lo que facturan (monto), es inferior, y por supuesto no corresponde al costo del agua que entregan por metro cúbico en cada vivienda; eso las ha llevado a graves crisis financieras, agudizadas por otros elementos perniciosos como administraciones obesas y obsolescencia de los sistemas hidráulicos, sanitarios, equipos técnicos y operativos.

De acuerdo con la información que publica la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento (ANEAS); las cifras son contundentes, el 90 por ciento de los más de 2,500 organismos operadores de agua en México se encuentran en quiebra. En 2005 recabaron, por cobro de tarifas 27,871 millones de pesos (mdp), mientras que la cantidad ingresada por ese mismo rubro disminuyó a 27,067 mdp en 2009.

Si esa misma tendencia continúa en el mediano plazo, los subsidios gubernamentales serán insuficientes, y los efectos serán muy graves para la población, particularmente aquella de escasos recursos monetarios. Y la probable buena voluntad de los políticos fracasará ante la terca realidad económica.

Para acercarse al objetivo ideal de distribuir el agua de forma equitativa y sostenible, se debe considerar un monto de inversión cercano a los 2 billones de pesos; ello permitirá enfrentar los requerimientos de la acelerada demanda demográfica por el servicio.

Desafortunadamente, solamente cinco del total de las compañías responsables de administrar el agua potable en el país han sido eficientes; aquellas localizadas en las ciudades de Aguascalientes, León, Monterrey, Saltillo y Tijuana; sus administraciones han hecho posible que dispongan de recursos para llevar a cabo obras de rehabilitación y expansión de los sistemas y redes.

Una de las causas significativas de la precariedad en sus finanzas ha sido la conducta del consumidor nacional.

LA CULTURA DEL AGUA EN MÉXICO. Existe la creencia generalizada entre la población, que el agua es un bien público, y que por tanto el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionarla sin ninguna restricción a todos los ciudadanos. Esta forma de pensar, totalmente infundada y demagoga ha propiciado una "incultura" sobre su uso; se despilfarra porque su valor es relativamente bajo con respecto a otros servicios públicos.

Su aparente bajo costo fomenta su descuido en un país con grandes carencias hidráulicas. Se habla de la cultura del agua porque es un bien cuyo tratamiento indiscutiblemente se vincula con dos aspectos: el público y el económico, lo que hace su gestión especial y diferente al resto de los servicios que brinda el Estado. Involucra a sectores de energía, jurídicos, educativos, y políticos.

Fuente: El diario de Coahuila