Para el SIAPA es necesaria la modificación del sistema de cobros y subsidios, con la intención de cobrar ''lo justo''
La lucha por la aprobación del Consejo Consultivo Tarifario inició en 2010. En ese entonces, el titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), José Luis Hernández Amaya, acudió a distintos medios de información para dar a conocer a la opinión pública una propuesta de reestructuración en el manejo financiero y operativo de la paramunicipal (realizado desde que tomó las riendas del organismo), en aras de evitar un “colapso” que aún se vislumbra como latente.
Entre las asignaciones pendientes se encuentra una urgente modificación a las tarifas (que no han cambiado desde que inició el trienio en curso, pues el discurso de campaña de los entonces aspirantes sugirió un nulo aumento), y un sistema de subsidios para apoyar a los usuarios que difícilmente pueden pagar por el servicio.
En esas fechas, Hernández Amaya subrayó lo necesario que es modificar el sistema de cobros y subsidios, para ayudar a quienes consumen menos y cobrar “lo justo” a quienes hacen un mayor uso del líquido. Incluso, usó el ejemplo de un domicilio en colonias populares, cuyos habitantes utilizan agua para sus necesidades básicas, y lo contrastó con el de una zona residencial, que cuenta con jardines y hasta piscinas.
Así, el apoyo subsidiado —que según datos del SIAPA, alcanza los 500 millones de pesos al año— reduciría, pues quienes usen más agua en cierta forma equilibrarían la balanza con un pago justo, y el esquema de soporte a las finanzas de personas que definitivamente no pueden liquidar su adeudo entraría en vigor. ¿Los beneficios? Además del evidente apoyo a usuarios con menos recursos, este esquema permitiría cierta holgura para destinar recursos al adeudo que arrastra el organismo, y generaría conciencia civil sobre el uso y valor del líquido.
Una última arista sugirió la conformación de un órgano interno en la paramunicipal, que decidiera los eventuales aumentos a las cuotas por el servicio de agua potable y mantenimiento de alcantarillado: un Consejo Consultivo Tarifario que defendiera y expusiera a la autoridad, mediante análisis técnicos y puntos de vista ciudadanos, las necesidades que tiene la red hídrica en Guadalajara y los costos reales para abatir tal rezago.
Ante esto, el Congreso del Estado —instancia que tiene la última palabra en las modificaciones a las leyes de ingresos— mantuvo cierta reticencia, pues aprobar la figura del Consejo Tarifario supondría delegar su poder para modificar los costos por el servicio de agua. El tiempo transcurrió y la Comisión Estatal del Agua (CEA) se sumó a la lucha por convencer al Legislativo, realizando varios foros con representantes de organismos operadores de todo el país, para exponer las bondades de despolitizar, aunque no totalmente, el servicio de agua potable.
Algunos diputados se mostraron a favor de la medida, pero no la mayoría. Entonces, el director general del SIAPA trató de entablar diálogo con los representantes ciudadanos, y sugerirles un aumento de, al menos, 5% (de acuerdo con la inflación). El diálogo habría prosperado, pero finalmente las leyes de ingresos en los años 2011 y 2012 se aprobaron sin modificaciones a las tarifas de agua.
El modelo de gestión de agua que involucra como parte activa a un consejo ciudadanizado para discutir las reformas a los costos de irrigación y disposición del líquido opera en prácticamente todo el territorio nacional. Sólo nueve entidades son excepción y, a la fecha, Jalisco es parte de estas últimas, según informes concedidos por el SIAPA.
“Optimizarán” nóminaEn el tintero, las nuevas depuraciones
La primera depuración de personal (23 empleados de confianza) en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y la restructuración salarial para 39 trabajadores de primer y segundo nivel, será el primero de otros tantos procesos al interior del organismo.
A decir de Uriel Parga Ramírez, jefe del departamento jurídico en la operadora metropolitana, aunque la depuración es un proceso inicial que se giró por instrucción del Consejo de Administración (los alcaldes metropolitanos), no será el único proceso de despidos para optimizar la nómina.
Aunque mínimo, este primer grupo de personas cesadas es el primer cambio nominal que autoriza la operadora desde el año 2003. A partir de esta fecha, las personas contratadas por el organismo sólo han incrementado en cantidad.
Parga Ramírez recordó que se trata de una “transformación integral” que tiene varias etapas, y cuyo último movimiento es el cambio en la razón social en el SIAPA, que eventualmente será llamada “MetroAgua”, según decidieron los miembros del Consejo de Administración.
“(Es) uno de los primeros esfuerzos, no el único. No sólo prescindiendo los servicios de 23 personas y disminuyendo 39 niveles de áreas administrativas importantes solucionamos el problema, pero es un cambio”.
Agregó que se analizarán procedimientos en las áreas operativas, donde se podrían tener “procesos duplicados”. Es decir, labores para las cuales se tienen a dos personas, en las que solamente una es requerida.
Sobre la modificación a los salarios del personal de primer nivel, explicó que se tiene contemplada una disminución mínima de entre cinco y seis mil pesos mensuales, y hasta 35 mil en ese mismo lapso, de acuerdo con la jerarquía al interior del organismo.
El ahorro anual que se tiene previsto es de cinco millones de pesos (MDP). En enero pasado se hablaba de 20, además que se había informado que se tenían 15 millones en caja solamente para las liquidaciones.
CAMBIOSRecortes y ajustes
Departamentos con disminución salarial:
Prácticamente todas las gerencias en SIAPA serán “recortadas” en sueldos; el área de finanzas, el departamento jurídico y comunicación social permanecen sin cambios, aunque a partir de ahora serán conocidos como “departamentos”.
Gerencias con que operaba el organismo:
Administrativa.
Agua Potable y Alcantarillado.
Finanzas.
Técnica.
Comercial.
Producción.
Innovación.
Saneamiento.
Contraloría.
Evaluación y Mejora Regulatoria.
GUÍAEl proyecto
A dos años de distancia, la cristalización del Consejo Consultivo Ciudadano es menos difusa. La puesta en marcha de este sistema, apuestan autoridades al interior del organismo, será oficial en marzo. Sin embargo, surgen ciertas dudas respecto a su operación que el propio SIAPA ha explicado a este medio, para exponerlas a la opinión pública.
¿Cómo se integrará?
En una representación paritaria, que involucre tanto al sector gubernamental como al técnico, académico y ciudadano, en un porcentaje 50-50. Seis miembros pertenecerán al grupo técnico/ciudadano y el resto, al político.
¿Quiénes lo conformarán?
Aunque los nombres de quiénes se sumarán a este órgano interno en el SIAPA no están definidos, los perfiles sí. Entrarán miembros sindicalizados, organizaciones de usuarios, la Cámara de Comercio de Guadalajara, cámaras industriales y universidades. Por el lado gubernamental estarán presentes especialistas de las comisiones Estatal y Nacional del Agua (CEA y Conagua, respectivamente), representantes del Congreso y de los ayuntamientos que lo integran.
¿Qué sueldo percibirán?
Ninguno. En realidad su participación en SIAPA se pensó para realizar sólo labores de análisis y aprobación (o negación, según el caso), con base en los análisis que emanen de la paramunicipal sobre las necesidades de la misma. Ninguno de los miembros del Consejo Consultivo Tarifario entrará a la nómina.
¿Qué lapso tendrán para evaluar? ¿Qué sucederá después de ello?
Los 12 miembros del Consejo de Tarifas tendrán un lapso de seis meses para analizar la información que les entregue el SIAPA. Ellos habrán de verificar los análisis previamente realizados por la operadora sobre las necesidades en tarifas, y lo aprobarán o modificarán según sus propios estudios. Al final, será el Congreso del Estado el que defina, con base en un voto mayoritario, si declina por la voz de expertos y ciudadanía, o no.
Una vez realizada esta tarea, el Consejo Consultivo Tarifario se disolverá y volverá a ser llamado el próximo año. Los miembros del mismo podrían rotar, pero ésa decisión se tomará por todas las partes.
¿Cuál es el futuro a mediano y largo plazo del Consejo?
Si bien la tarea del Consejo tendrá un lapso de seis meses al año, y la modificación a las tarifas se realizará en un solo periodo, la función que tendrá para el mediano y largo plazo será validar las futuras modificaciones, para ya no delegar esta decisión únicamente al criterio de grupos políticos.
La meta del SIAPA es que el aumento a las tarifas sea gradual. Se hará un énfasis especial a los estudios de consumo, para que los sectores que mayor uso hagan del agua realicen el pago justo por el líquido.
En adición a ello, el organismo tendrá el compromiso de bajar sus costos de operación.
¿Será la modificación del precio su única labor?
No. Además de la revisión de los proyectos de aumento a las tarifas de agua potable y alcantarillado, se encargarán de verificar una operación “transparente y adecuada” en el organismo operador. Estimará las prioridades de inversión, los puntos donde el cambio de infraestructura es más necesario, la rehabilitación y los gastos a futuro..
Fuente: Informador
