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Posted on 11 December 2009 by editor Por Daniela Estrada
COPENHAGUE (IPS/TerraViva) Organizaciones sociales de América Latina instaron a los países que participan en la COP-15 a acoger la propuesta de Bolivia de crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática.
Pero no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados si no son escuchados. El jueves, en el Klimaforum, el principal ámbito de la sociedad civil paralelo a la COP-15, los activistas realizaron un taller para preparar las acciones.

 

El 13 y 14 de octubre se celebró en Cochabamba, Bolivia, la primera audiencia de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, conducido por organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. “Vemos la necesidad de buscar mecanismos de exigibilidad de los derechos ambientales”, tanto de los seres humanos como de la naturaleza, dijo a TerraViva la colombiana Lyda Fernanda Forero, integrante del secretariado de la Alianza Social Continental.
La Alianza reúne a unas 60 redes de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.

 

“El próximo año la COP-16 será en México y estamos pensando cómo hacer una nueva sesión del Tribunal, que incluya pagar la deuda histórica y climática que tienen los países del Norte con los del Sur”, explicó la activista. La creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática reconocido por todos los países es una de las propuestas que el gobierno boliviano del aymara Evo Morales traerá a Copenhague. 

 

La comunidad internacional, proponen los activistas, podrían inspirarse en la experiencia que ya tuvo lugar en Bolivia este año, donde se juzgaron simbólicamente siete casos de daño ambiental en Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y el país anfitrión. En el banquillo estuvieron Estados, empresas, organismos multilaterales e instrumentos internacionales, como el cuestionado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado en el marco del Protocolo de Kyoto.

 

El MDL permite a los países industrializados compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero financiando proyectos de mitigación en los países del Sur en desarrollo. Elizabeth Peredo, de la no gubernamental Fundación Solón de Bolivia, cuestionó otra institución: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Al permitir a las empresas demandar a los países, el Ciadi “quita recursos públicos a los Estados por intereses de las trasnacionales. ¿Cómo es posible que ellos puedan quitarnos tantos recursos y nosotros no podamos sancionarlos y hacer que cumplan?”, dijo Peredo a TerraViva.

 

“La gente en Bolivia se está quedando sin agua porque se le están derritiendo los glaciares de los cuales se abastecen, otras personas en África están muriendo por la sequía, en Birmania) hay quienes han muerto por los ciclones, al igual que en El Salvador”, recordó Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), uno de los jurados de la primera audiencia boliviana. Mientras otras personas en el mundo “están generando grandes cantidades de dinero, consumiendo grandes cantidades de recursos y emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera”, dijo a TerraViva.

 

“La relación” entre ambos grupos de personas “es de culpabilidad” y “no hay instrumentos legales para poder imponer alguna sanción. Entonces la idea es establecer algún tribunal internacional de justicia climática”, apuntó Navarro. “Ahí están las víctimas. Pues, ¿dónde están los victimarios? Creo que es necesario hacer justicia con eso”, acotó. El Tribunal “ya es legítimo, estamos esperando que se vuelva legal”, concluyó
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